Afrenta
Tras cuatro horas de debate en el marco de una sesión bochornosa, el sector de la UCR comandado por Hipólito Faustinelli y Miguel Nicolás junto a la complicidad del bloque mayoritario de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, designó a Mario Decara como nuevo Defensor del Pueblo de la provincia.
Gracias a un ardid interpretativo de los artículos 104 y 124 de la constitución provincial, los "sacristanes" de Decara impusieron el criterio de elegir al Ombudsman con los dos tercios de los presentes en el recinto (66 por ausencia adrede de cuatro parlamentarios), en lugar del total de los miembros de la Unicameral (47 legisladores), como indica nuestra y vapuleada Carta Magna.
La votación final producida alrededor de las 22 horas de anoche, estuvo compuesta por 46 sufragios a favor (37 del oficialismo, 6 de la UCR, y 3 de bancadas unipersonales –RECREAR, Movimiento Patriótico y Acción Vecinal), el voto negativo del Vecinalismo Independiente, seis abstenciones (cuatro radicales anti-pacto y Concertación Plural). En tanto los juecistas, como Izquierda Socialista. ARI y Movimiento Vecinalista Federal, optaron por retirarse del recinto.
La actual titular a cargo de la institución que protege teoricamente los derechos colectivos y difusos de la ciudadanía, Jessica Valentini, será reemplazada por un político que cuando fue Diputado de la provincia en el período 1999-2001, antes de que dejara de existir el sistema Bicameral, no pidió la palabra nunca.
En un escenario de clandestinidad, faltaron a la sesión los legisladores María Mattar, Norma Poncio (UCR), Rodrigo Serna y Nadia Fernández (FCyS), por lo que el cuerpo deliberativo sesionó con 66 legisladores, número del que se sirvieron los impulsores de Decara para votarlo en función a los votos de los parlamentarios presentes y no del total de la Legislatura, como marca la constitución provincial que ayer estuvo de luto.
El legislador Dante Rossi (UCR) y el bloque juecista recurrían -por separado- a la Justicia para reclamar por la inconstitucionalidad de la decisión impuesta ayer en el recinto.
La figura del Defensor del Pueblo continuará sin legitimación procesal, y otras tantas 
atribuciones que mejoraría y fortalecería su existencia institucional, por lo que estaría condenada a ser un institutito decorativo, inocuo y sumergido tristemente en la mediocridad.
El nombramiento del ex intendente de Huerta Grande se llevó a cabo luego de dos intentos fallidos y a su vez generó un largo conflicto en el seno del radicalismo que quedó al borde de la ruptura, como así también en el oficialismo parlamentario que pagó “impensados” costos políticos por dicha aberración jurídica forzada para ungir al nuevo Defensor del Pueblo.
Debate
El encargado de abrir el debate fue el legislador Miguel Nicolás, quien luego de resaltar las cualidades personales del propuesto, como la “responsabilidad, capacidad e idoneidad” para ocupar el cargo, solicitó al cuerpo votarlo sobre los dos tercios de los presentes. (ver video)
En tanto, el vicepresidente del bloque FCyS, Roberto Birri, advirtió que los razonamientos de la mayoría son una “pésima interpretación de la letra de la Constitución provincial”. Luego remató afirmando que “es un retroceso en la calidad institucional”.
A su turno, el presidente del bloque de Concertación Plural, Enrique Asbert, dejó en claro que la elección del nuevo Ombudsman estaba reñida con vicios de inconstitucionalidad. “Si la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir”, dijo el Kirchnerista.
Posteriormente, en su intervención, el titular del bloque de Unión Vecinal Federal, José Maiocco, se opuso fervientemente a la interpretación que realizó el oficialismo y el sector del radicalismo para designar a Mario Decara al frente de la Defensoría. “Se esta en presencia otra vez de un fraude”, vociferó el vecinalista.
En cambio, el legislador unipersonal de ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, aseguró que “no hay condiciones políticas, no hay consenso político en esta provincia. No hay legalidad, se está pisoteando la Constitución (…). Se trata –por el acuerdo- de un mero conchabo político-partidario”.
Finalmente, el miembro informante del oficialismo, Juan Brügge, tras varios malabarismos jurídicos intentó gambetear a la constitución, indicando al respecto de la exigencia de los dos tercios del total de