Liberan a Brito
La Cámara Federal porteña concedió ayer la liberación al empresario Gabriel Brito, imputado en la causa de los medicamentos adulterados en la que está detenido el ex jefe de la obra social bancaria, Juan José Zanola.
En dos fallos, la sala II del tribunal confirmó en cambio el procesamiento de Brito como integrante de la misma asociación ilícita, aunque le dictó la falta de mérito en otra causa conexa por extorsión a una cooperativa, y le fijó un embargo por 400 mil pesos.
Brito era propietario de la empresa Global Pharmacy que realizaba auditorías sobre los medicamentos que recibía la obra social bancaria de la droguería San Javier, propiedad del procesado y detenido empresario Néstor Lorenzo, principal proveedor de la entidad.
El juez Norberto Oyarbide imputó y detuvo a Brito el 5 de mayo pasado como integrante de una asociación ilícita para cometer delitos indeterminados “tendientes a defraudar al estado nacional” desde el año 2005 mediante el cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente de la Superintendencia de Servicios de Salud.
En su resolución, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Horacio Catán, Eduardo Farah y Martín Irurzun, por la secretaría de Laura Victoria Landro, consideró probada “su participación en la asociación ilícita” y aseguró que existen indicios serios concordantes de que “conocía las irregularidades que ostentaban los expedientes presentados a la APE”.
También le imputó “participar en encubrimiento de lavado de dinero”, y aludió a “diversos cheques emitidos por Global Pharmacy” a favor de Néstor Lorenzo, “algunos de los cuales se aplicaron a la campara presidencial del a año 2007”, si bien Brito dijo que no conocía su destino.
La Cámara consideró que si bien restan realizar diversas diligencias en la investigación, la libertad de Brito no comprometería su éxito.
En la otra resolución, los camaristas revocaron el procesamiento por el delito de extorsión que se le imputaba a Brito, en perjuicio de la cooperativa Vernet.
Según el expediente ese pedido fue para evitar “que diera ante distintos medios de comunicación y particularmente ante el a quo una versión maliciosa y falsa de actividades de dicha cooperativa”.
Al ser indagado Brito por el juez federal Norberto Oyarbide, dijo que la suma de dinero que él pidió fue por daños y perjuicios a raíz de aparecer como un aportante con un monto de 310 mil pesos a la campaña que del Frente para la Victoria en 2007.
“El criterio expuesto en el decisorio bajo análisis es, cuanto menos, prematuro, por cuanto no existen elementos que permitan afirmar, tal como lo hiciera el a quo, que Brito exigiera dinero a efectos de evitar un testimonio fraudulento en perjuicio de la denunciante”, dijeron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.