Respaldan la decisión del Gobierno

El titular de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo ayer que la decisión del Estado nacional de presentar una medida cautelar contra la construcción de la represa Ayuí Grande "es lo que corresponde y es lo que pensábamos hacer nosotros, porque este emprendimiento es ilegal".

"Siempre consideramos que es ilegal la apropiación de un bien público por parte de empresas privadas", dijo el ambientalista en declaraciones a Télam, en referencia a la utilización del arroyo Ayuí para la construcción de una represa que inundaría 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.

Se trata de un megaemprendimiento que encabezan las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de George Soros), que intentan construir una represa que dejará bajo agua miles de hectáreas con bosques nativos y fauna y flora autóctona, para el riego de la producción arrocera.

Lacour señaló al respecto que "lo que pretenden hacer es ilegal y en esto el Código Civil es muy explícito".

"Están violando las leyes y hay que acudir a la Justicia. Ahora esperamos que la Corte Suprema tome en serio la cuestión", dijo el presidente de la Fundación Iberá.

En tanto, reiteró que "el curso de agua es público y no pueden ser apropiado para responder a intereses privados".

Sobre las consecuencias medioambientales señaló que "no pueden hacer desparecer un ecosistema entero. Hay que negarse a esta destrucción", concluyó Lacour.

Asimismo, el biólogo Aníbal Parera, ex presidente de la Fundación Vida Silvestre, dijo que "Corrientes vulneró normas nacionales en favor de los empresarios que lideran el proyecto de la megarepresa" para construir el emprendimiento Ayuí Grande.

Afirmó además que ahora "el Gobierno nacional puso las cosas en el lugar correcto, en la Corte Suprema de la Nación", en alusión a la medida cautelar presentada y consideró que "la Corte Suprema es el ámbito más adecuado para el tratamiento del tema".

Parera dijo que el impacto ambiental que la construcción de la represa produciría "es devastador: hay 8000 hectáreas y 50 kilómetros lineales de un curso de agua público, que simplemente quedarán sepultadas, desaparecerán", mencionó.

Agregó además que hay un impacto sobre unas 70 mil hectáreas cuya superficie será convertida en cultivos, "es decir, transformarán ecosistemas terrestres en un tipo de cultivo acuático".

El biólogo consideró también que el impacto descenderá y que "se verá comprometida la cantidad y calidad de las aguas hasta el río Uruguay, aguas abajo".