Impregilo desistió de la demanda contra la Nación

01/09/2010
Nacionales - Justicia
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El procurador del Tesoro de la Nación firmó un acuerdo con la empresa italiana por el cual la compañía dio por finalizado el arbitraje que también había presentado contra la provincia de Córdoba
El Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín da Rocha, firmó un acuerdo con la empresa italiana Impregilo S.p.A por el cual la compañía desistió de continuar una demanda contra los Estados Nacional y de la Provincia de Córdoba que había presentado en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El arbitraje estaba suspendido desde octubre de 2009 como consecuencia de encontrarse en proceso de renegociación de deudas.

Da Rocha y el representante de la empresa, Guillermo Díaz, suscribieron el acuerdo por el cual la compañía dio por finalizado el arbitraje. Al acto asistió el Ministro de Obras Públicas de Córdoba, Hugo Testa, quien tuvo una activa participación en la implementación del acuerdo alcanzado con la concesionaria.

Impregilo S.p.A había demandado al Estado en septiembre de 2008 por reclamos tarifarios y pesificación en el marco del contrato de concesión que la provincia de Córdoba le había adjudicado para la construcción y el mejoramiento de una red de caminos.

El desistimiento de la demanda se suma a otras millonarias resoluciones a favor del Estado Nacional que la Procuración del Tesoro logró en los últimos tiempos en el CIADI.

A fines de julio, un Comité del CIADI anuló definitivamente el laudo por el cual se había condenado al país a pagar 106,2 millones de dólares a las empresas Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.

La misma decisión había tomado en junio al anular totalmente la condena por 128 millones de dólares a favor de la compañía norteamericana Sempra Energy International.

La Procuración del Tesoro de la Nación es el organismo que dirige el Cuerpo de Abogados del Estado y como tal, tiene a su cargo la tarea de asesorar jurídicamente a la Presidencia de la Nación y demás organismos de la Administración Pública Nacional, así como la de representar al Estado Nacional en los juicios iniciados por él y los promovidos en su contra.