Igualdad de oportunidades
El titular de la bancada de ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, presentó esta semana un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, informe “si da efectivo cumplimiento” a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431 (Protección Integral de las Personas con Discapacidad), referente al 4% de contrataciones de personas con algún tipo de minusvalía en el ámbito de la administración pública, principalmente.
La iniciativa fue girada a la comisiones de Solidaridad y de Legislación General, presididas por los legisladores Carlos Alesandri y Sergio Busso (UPC-FPV), respectivamente.
El autor de la propuesta requiere conocer en el plazo de 30 días, si se da efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Ley 22.431, en relación con el porcentaje del 4% sobre el total de las contrataciones laborales que realiza el estado provincial, en sus distintas reparticiones destinado a personas con discapacidad, elevando a esta legislatura, en caso afirmativo, “la nómina de los agentes que revisten en tal carácter”.
Asimismo, se recomienda al Ejecutivo que requiera a las empresas del estado provincial, a sus organismos descentralizados o autárquicos y a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos de alcance provincial, idéntica información para ser remitida a la Unicameral en el término de 90 días; para su posterior evaluación.
“Al haber adherido la provincia a la citada norma (22.431), cabe el cumplimiento de tales presupuestos. A fin de conocer el avance que en la aplicación de estas disposiciones tiene la Provincia y profundizar en el perfeccionamiento de los instrumentos legales que regulan esta modalidad laboral de importancia central en la integración de personas con discapacidad, es que solicito la probación del presente proyecto”, afirma Ruiz en la fundamentación de la iniciativa.
Los organismos no gubernamentales (ONGs) dedicados a la atención y defensa de los derechos de las personas con discapacidad que representa casi el 8% de la población del país, vienen denunciando -desde siempre- el incumplimiento del cupo laboral destinado a este sector vulnerable de sociedad.
A la luz de los hechos, en la provincia estamos muy lejos de cumplir con lo que pregona el artículo 27 de nuestra Carta Magna, y que dice: “Los discapacitados tiene derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad”.