Resolverán pedidos de excarcelación y nulidad del juicio

31/08/2010
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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El tribunal que juzga los delitos de lesa humanidad en Mendoza deberá contestar los pedidos de la defensa de los represores acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio y asociación ilícita

A pedido de la defensa de los cuatro ex militares y policías imputados, los miembros del Tribunal II de Mendoza contestarán hoy los pedidos de excarcelación y nulidad absoluta del juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue en esta ciudad del sur mendocino.

Ricardo López, abogado defensor del ex coronel Aníbal Guevara, solicitó ayer la "nulidad absoluta" del juicio oral iniciado el pasado 1 de julio al considerar la "incompatibilidad" de que el Juez Federal de la Instrucción Héctor Acosta, fuera Juez de Faltas durante los años setenta cuando ocurrieron las desapariciones de los cuatro militantes de la Juventud Peronista que se investigan: Rafael Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.

Están imputados por `privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita´ Raúl Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, quien se desempeñaba como Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y el abogado Raúl Egea, quien trabajó como abogado de la Policía de Mendoza.

"Se estaría violando el derecho de defensa en juicio", señaló López, quien junto a sus pares Ramiro Dillon y Rufino Troyano, argumentaron que Acosta "estaba al tanto de lo que ocurría en esos años".

Los abogados citaron el artículo 55 del Código Procesal Penal donde dice que "el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas.

Para aclarar esta situación, los defensores pidieron la comparecencia ante el Tribunal del Juez Federal Héctor Acosta para que diera su versión de los hechos, a lo que el magistrado no accedió por considerar que el Juez de Instrucción no puede ser llamado como testigo.

"Si no se hace lugar a este pedido de nulidad, hago reserva de recurrir ante el Tribunal de Casación por denegatoria de la nulidad planteada”, concluyó López.

A su turno, la querella se opuso al pedido al considerarlo "extemporáneo” dado que ya se había denegado el pedido de indagatoria a Acosta, y argumentó que "si bien ese magistrado asumió a principios de agosto de 1976, tres de las cuatro desapariciones ocurrieron en marzo de ese año.

Igual posición tomó el Fiscal Dante Vega, quien también se opuso a la anulación del debate y puso como ejemplo que los jueces que juzgaron a las Juntas Militares en la década del ochenta también habían sido magistrados durante el proceso militar y no por eso se anularon sus actuaciones.

El Tribunal II de Mendoza, a cargo de Jorge Burad, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 13.00 cuando notificará a las partes si el proceso legal continúa o es anulado, devolviéndoles automáticamente la libertad a los imputados, actualmente alojados en la Cárcel de San Rafael.