Envían la investigación a la Unidad Fiscal

La causa por la presunta venta compulsiva de las acciones de Papel Prensa a sus actuales accionistas privados fue recibida ayer por el juez federal platense Arnaldo Corazza, quien delegó la pesquisa en la Unidad Fiscal dedicada a causas por violaciones a los derechos humanos.

La denuncia fue remitida por la Cámara Federal porteña luego de que el juez porteño Daniel Rafecas se declara incompetente de investigar el caso dado que Corazza, titular del juzgado federal 3 de La Plata, investiga una causa sobre crímenes de lesa humanidad en el llamado "circuito Camps".

Se trata de una veintena de centros clandestinos de detención a uno de los cuales, el Puesto Vasco, que funcionó en la división de cuatrerismo de Quilmes, fueron llevados tras su secuestro los integrantes de la familia Graiver y otros tenedores originales de las acciones de la empresa.

En ese centro clandestino también estuvieron secuestrados el periodista Jacobo Timerman, padre del actual canciller, y el ex gobernador bonaerense Victorio Calabró.

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura es coordinada por el fiscal Marcelo Molina e integrada por los fiscales Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm, y deberá dictaminar si la nueva denuncia es competencia de ese juzgado.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porteña por el juez civil y comercial 2 Eduardo Malde, quien interviene en el conflicto de Papel Prensa, antes de que la presidenta Cristina Fernández presentara el martes último el informe elaborado por los representante del Estado en la compañía.

Malde había enviado un veedor judicial y extrajo testimonios de los dichos de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y su ex testaferro Rafael Iannover, asi como el ex propietario del diario La Razón, José Pirillo, en una asamblea de accionistas de Papel Prensa el pasado 10 de mayo.

Allí, los ex accionistas se refirieron a secuestros ilegales, torturas y amenazas para presionarlos a ceder las acciones en venta a Clarín, La Nación y La Razón.

Como está obligado por su condición de funcionario público, Malde extrajo los testimonios ante la comisión de un posible delito y formuló la denuncia, que quedó sorteada en el juzgado de Rafecas.

En su dictamen, en el que se declaró incompetente, Rafecas consideró que era "imposible escindir la transferencia presuntamente compulsiva de acciones" de Papel Prensa de "los hechos de privación ilegal de la libertad" de los Graiver, junto a directivos de la compañía.

Para Rafecas, "las maniobras destinadas a obtener la transmisión compulsiva de las acciones de la firma Papel Prensa en manos de la familia Graiver o sus testaferros, habrían tenido como contexto la amenaza sobre futuras privaciones ilegales de la libertad como represalia", que luego se concretaron.

Por los delitos perpetrados en el Circuito Camps irán a juicio oral el ex gobernador Ibérico Saint Jean, su ministro de gobierno Jaime Smart y los ex oficiales superiores de la policía provincial que se encuentran aún con vida: Miguel Osvaldo Etchecolatz y Rodolfo Aníbal Campos, más una veintena de supuestos represores.