Citan a la Secretaria de Educación

Citaron a la Secretaria de Educación y Cultura, Silvia Cussot, para que se haga presente en el Concejo Deliberante con el fin de informar sobre las razones del deterioro edilicio y de infraestructura observado en las Escuelas Municipales de la ciudad.

La invitación fue aprobada ayer, con fecha para el próximo 8 de octubre a las 14 hs. en el marco de la comisión de Cultura y Educación, e incluye también a la Directora General de Educación, Gabriela Almagro. 

El expediente que solicita la presencia de las funcionarias fue presentado por la concejal juecista Susana Frosi, quien manifestó su preocupación por la situación extrema a la que se ha llegado, y la necesidad de obtener respuestas lo antes posible. 

Ante los otros concejales, la edil juecista explicó que la realidad en los jardines municipales es “muy delicada” y que el gobierno “tiene la obligación de estar, de dar la cara y hacerse cargo”.

Además la concejal reprochó que desde el ejecutivo se hagan promesas y nunca se haga nada, y recordó que en el medio de este problema se encuentran “miles de chicos que necesitan la mejor educación, porque están en una situación muy vulnerable, con problemáticas complejas”.

“La situación es insostenible” afirma Frosi, y luego recuerda el pasado 2 de agosto cuando los padres, docentes e incluso niños de estas instituciones realizaron un abrazo simbólico  al Palacio Municipal para rechazar la política de olvido y abandono en que se encuentran los centros educativos. 

“Es responsabilidad del Estado Municipal el garantizar el pleno ejercicio del derecho de recibir y brindar la mejor calidad de educación, y que esta sólo es viable en condiciones laborales y pedagógicas dignas” recuerda la concejal juecista. 

Finalmente Frosi cuestiona, “¿Cómo es posible pensar, compartir, y enseñar cuando los servicios existentes no alcanzan siquiera para atenuar los intensos fríos o las altas temperaturas, cuando la inseguridad forma parte de un recreo o de una hora áulica, cuando ni siquiera los centros educativos son visitados por las máximas autoridades educativas??”

Nueva fecha para Arriola

Por otra parte, los ediles reprogramaron  ayer la visita del Secretario de Gobierno municipal, Walter Arriola, quien no se hizo presente el 10 de agosto pasado para responder sobre la situación generada por la gran cantidad de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, y de cómo se planea abordar el problema.

En aquella ocasión el funcionario informó mediante una nota, diez minutos antes de que comenzara la Comisión de Legislación General, que no se podría hacer presente “por razones de fuerza mayor”, y solicitó que por favor coordinaran una nueva fecha para el encuentro.

Recordemos que el expediente que Arriola deberá contestar se llevó a cabo en base dos pedidos de informes que inicialmente habían elaborado la Unión Cívica Radical y Unión por Córdoba.

Principalmente se indagará sobre el funcionamiento de la Dirección de Control Integral de la Vía Pública, la cantidad de personal afectado en el área a los operativos de control, y la periodicidad con que los mismos se realizan.

También se consultará por la cantidad de reclamos recibidos por venta no autorizada por el municipio en la vía pública por parte de los propietarios de negocios ubicados en el área peatonal y las calles del centro de la ciudad, y la cantidad de actas labradas o multas elaboradas por realizar este tipo de comercio irregular.

En el expediente que solicita la citación de Arriola, los concejales radicales y justicialistas plantean su preocupación por la competencia desleal que se genera entre los comerciantes que trabajan en los locales del centro, y de aquellos que se ubican en el área peatonal y que venden, muchas veces, los mismos productos sin costos impositivos y de locales.

Además señalan que el hecho implica la apropiación de la vía pública, impidiendo su uso por parte de los vecinos y de los ocasionales visitantes.

Asimismo critican la gestión del intendente actual Daniel Giacomino afirmando que, como en muchos otros ámbitos del municipio, existen distintas versiones sobre el tema que irían desde la inoperancia de los funcionarios y nichos de corrupción, hasta las frecuentes limitaciones económicas.

A continuación los concejales afirman que se trata de un accionar por parte del estado que no debe ser cedido a la actividad privada, y que debe controlarse y fiscalizarse de manera permanente y planificada, para evitar que esta práctica crezca.

“En definitiva, como en muchos otros rubros de la gestión comunal, advertimos un estado ausente que, no sólo vulnera de manera directa a los comerciantes, sino que también impide que nuestra ciudad luzca en su plenitud ante nuestros visitantes, lo que no es menos si recordamos que somos el portal de ingreso a una provincia eminentemente turística” aseveraron los ediles.

Cabe destacar que en el proyecto que inicialmente había presentado la Unión Cívica Radical también se indagaba sobre las acciones que el municipio realiza para controlar o eliminar la venta ambulante, y si existen impedimentos para realizar operativos de control de presencia de estos trabajadores de manera sistemática y permanente en la vía pública.

De la misma forma se consultaba si se realizaron acuerdos con los comerciantes de la zona céntrica para que los mismos abonen los adicionales de personal de policía que participan de los operativos de control, y de ser así que se especifique de qué modo se dio ingreso a estos fondos en el municipio.

Por otra parte se pregunta si se tiene conocimiento sobre diferentes versiones que indicarían que algunos de los puestos autorizados a personas con capacidades diferentes están siendo sub alquilados o explotados por otras personas.

En este marco los concejales radicales también indagaban si se tomó contacto con las autoridades provinciales para aprovechar la presencia policial en el área con el objeto de impedir la venta ambulante en el centro, y que informen de que manera evalúan la eficiencia de los operativos de control que se realizan.

Finalmente los ediles consultan si se tiene alguna información o denuncia que involucre a los inspectores municipales en relación a “autorizaciones de hecho” para que estos comerciantes puedan ejercer su actividad en la vía pública, y si se ha abierto algún sumario en relación a hechos que tengan como origen denuncias por pedido de coimas para poder desarrollar este comercio irregular en la zona.