Destacan el anuncio de Cristina

El titular del bloque de senadores del FPV, Miguel Angel Pichetto, aseguró ayer que el proyecto que impulsará el gobierno sobre papel prensa tiene como objetivo "defender el interés nacional" y para que exista un control bicameral sobre la empresa en la que el Estado posee el 27 por ciento de las acciones.

"¿Cuál es el rol de la prensa? Si tiene que cogobernar con un rol superlativo o si tiene que tener un rol de fiscalización que es el que me parece que tiene que tener la prensa?, interrogó Pichetto sobre lo que consideró "debate central de la Argentina de hoy".

Agregó que "cuando se subordina la política de acción institucional de un país al interés de un grupo corporativo económico, por más legítima que sea la acción, hay una claudicación".

Pichetto consideró que el discurso de de la Presidenta donde detalló la historia de Papel Prensa y el mecanismo de traspaso de acciones de esa empresa, durante la dictadura, en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, fue "equilibrado, prudente y valiente".

"La Presidenta tiene el deber de representar a todos los argentinos y defender que esa empresa crezca, los recursos queden transparentes y haya un verdadero control en el ejercicio de la fiscalización", remarcó.

El legislador destacó el rol que deberá asumir la Justicia "frente a delitos que han sido graves", al referirse a los secuestros, torturas y vejaciones sufridas por parte de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa.

Por su parte, el periodista Osvaldo Papaleo aseguró que tras la presentación del informe "la diferencia se da entre el poder y los medios de comunicación que quieren manejar el poder, porque han chocado dos intereses comunes".

"Con el voto los dirigentes políticos dirigen la sociedad y encaminan el país y los medios de comunicación, con dinero y con empresas monopólicos, quieren hacer lo mismo, sin arriesgar su estabilidad política porque lo hacen desde afuera, haciendo negocios con el Estado", dijo Papaleo.

En tanto el escritor Jorge Mancinelli, coautor del libro "Silencio por Sangre-La Verdadera Historia de Papel Prensa", señaló que "las acciones no fueron vendidas sino apropiadas en una operación que contó con la participación del Estado" y agregó que "acá no podemos hablar de favoritismo de la dictadura militar hacia un grupo económico, en este caso un editor de diarios, sino tenemos que hablar de la participación activa de la dictadura cívico-militar".

Sobre la decisión de parte de la familia del empresario David Graiver de no reclamar por las acciones, Mancinelli explicó que "Isidoro Graiver no participó de la firma. Los boletos se lo hicieron firmar, con coacción y amenaza, a Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover -testaferro de Graiver- y hay una idea montada en esta operación que tiene por finalidad confundir a la sociedad echando un manto de sospecha y de deslegitimación del informe y del proceso judicial que se va a llevar adelante".

"Este informe se va a girar a la justicia y allí si hay alguien que dice que no fue así, pero yo tengo pruebas, las va a tener que aportar, y en ese terreno se dirimirá esta situación", indicó el escritor.

En ese sentido aclaró que el Gobierno "no expropió Papel Prensa ni la cerró, sino que reconstruyó una historia tenebrosa que hizo posible que esta sociedad estuviera cautiva a lo largo de 30 años del grupo mediático más poderoso de la historia del país".

Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que la jefa de Estado "actúa de acuerdo al estado de Derecho, abriendo el debate y respetando la división de poderes".

El gobernador afirmó que lo que se está proponiendo es "un marco regulatorio, que dé tratamiento igualitario a todos los diarios de todas las provincias tanto en precio como en condiciones y cantidad de papel".

El titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, destacó que la presentación del informe "Papel Prensa: la verdad" "tiene la virtud y la valentía de darle visibilidad a un tema que siempre estuvo en los suburbios de la democracia".

Consultado sobre la posición de Clarín y La Nación respecto de que el Gobierno quiere controlar Papel Prensa, el diputado oficialista señaló que "es exactamente al revés" por cuanto "quienes controlan la palabra impresa en la Argentina hoy son Clarín y Nación, y nosotros queremos que la palabra impresa no tenga el control de nadie, que sea absolutamente democrática, plural y que participen en forma igualitaria y que puedan crecer en forma igualitaria todas las voces".

Opinó, "se nos podría acusar de eso si lo que hubiésemos hecho hubiera sido mandar un proyecto de ley de expropiación para que el Estado se quede con el 100 por ciento de Papel Prensa" pero, aclaró, "lejos de eso, nosotros no estamos planteando que Papel Prensa cambie de dueños ni de titulares, sino que la actividad sea regulada para que todos aquellos que quieran editar un diario en la Argentina tengan las mismas condiciones para hacerlo".

También el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner y la titular del bloque de diputados del Partido Socialista, Mónica Fein, destacaron como "positivos" los anuncios realizados por Cristina en referencia a la decisión de realizar la denuncia penal y el envio de un proyecto al Congreso para declarar de interés público la producción de papel.

El Frente Grande señaló mediante un comunicado que comparte la decisión del Gobierno Nacional de solicitar a la Justicia que determine la existencia o no de ilícitos -incluyendo presuntas violaciones a los derechos humanos- en la adquisición de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

"Nuestro Partido cree que lograr verdad y justicia en este caso, así como asegurar la existencia de una prensa plural e independiente de los poderes económicos, son esenciales para profundizar la democracia", señala el documento.

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires apoyó el compromiso asumido por el Gobierno Nacional en el esclarecimiento de la apropiación de acciones de Papel Prensa, mediante un comunicado firmado por la secretaria Sara Cobacho se explicó que resulta "indispensable que se investigue a fondo la verdad sobre las formas en que se consolidaron algunas empresas que hoy conforman gran parte del poder económico en la Argentina".

Lamentó "la actitud de algunos legisladores del Congreso de la Nación" y los invitó "a revisar su conducta, ya que aún sin haber indagado la investigación presentada por el Poder Ejecutivo, prefirieron defender ciegamente a un puñado de empresarios que están sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad".

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Fernando Cano, afirmó que "quienes se oponen a la investigación presentada por el Poder Ejecutivo, se niegan a conocer la verdad" y subrayó que "es muy curioso que estén en contra de algo que ni siquiera leyeron".

Finalmente, el diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando `Pino` Solanas, sostuvo que la iniciativa de declarar de interés público la producción de pasta celulosa "es un paso positivo", al considerar que "hay que asegurar la libertad de aprovisionamiento y la pluralidad".

"Nos parece muy bien. Siempre estamos a favor de políticas públicas y democratizadoras", afirmó Solanas en declaraciones a Télam.

Para el diputado nacional de Proyecto Sur, la iniciativa de declarar de interés público la producción de pasta celulosa "es un paso positivo siempre y cuando lo trate el Parlamento" y destacó la necesidad de "asegurar la libertad de aprovisionamiento de todo sector que solicite el papel y la pluralidad".

"Nos parece bien regular la actividad para que a nadie le falte papel pero reclamaríamos que si hay un ente debe ser autónomo con control parlamentario", enfatizó el legislador.