Habían denunciado irregularidades

El fallecido fiscal Ricardo Molinas, que durante la gestión de Raúl Alfonsín investigó la transferencia del paquete accionario de la empresa Papel Prensa a sus actuales socios privados, pidió formalmente la anulación de esa operación y realizó las correspondientes denuncias penales, recordó ayer su hijo y entonces secretario, Fernando Molinas.

Molinas hijo salió así al cruce de un comunicado de Clarín y La Nación según el cual la venta de acciones de la familia Graiver y testaferros a los nuevos socios "fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades".

"Tal afirmación no es cierta”, dijo el hijo del entonces fiscal para recordar que su padre "formuló diversas denuncias penales y solicitó la nulidad de la adjudicación recaída en los diarios”, y así se lo manifestó formalmente al presidente Alfonsín, además de radicar una causa en el juzgado federal 3 de la Capital Federal.

En un comunicado, Molinas hijo transcribió textualmente las conclusiones del dictamen emitido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1984 tras analizar las denuncias de "presuntas irregularidades en la transferencia de las acciones de Papel Prensa” hechas por el entonces diputado Norberto Imbelloni.

En el cuarto punto de aquel dictamen, el fiscal Molinas consideró que los miembros de la Junta Militar habían cometido el "delito de encubrimiento” al autorizar la venta de Graiver a Clarín, La Nación y La Razón a fines de 1976 "a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros”, que le habían aportado 10 millones de dólares producto del secuestro de los Born.

Esa autorización, resaltó Ricardo Molinas, se consumó "apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción de aquellos (los Graiver).., ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada”.

Otras irregularidades detectadas por Molinas refieren a la actitud de "los representantes estatales en la empresa, el Directorio del BANADE, el Secretario de Estado de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, y del Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”.

Molinas hijo también contrastó la actitud de su padre luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo decretara en agosto de 1984 el cese de la interdicción de bienes de los Graiver y su libre disposición "retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban con anterioridad al desapoderamiento consumado mediante la aplicación de las llamadas Actas Institucionales y Ley 21.670, ordenando establecer de común acuerdo el valor de los bienes”.

Invocando dar cumplimiento a esta sentencia judicial, se suscribieron, entre el Estado Nacional representado por el Procurador General del Tesoro, Héctor Fassi, y Juan Gravier, Eva G. de Graiver y Lidia Papaleo, esposa de David Graiver, por si y por su hija menor María Sol Graiver, cuatro convenios relativos a las distintas empresas del grupo, entre ellas la editorial Olta, editora de La Opinión.

En este grupo se incluyeron, en forma expresa, las acciones de Papel Prensa S.A. que habían sido vendidas a los diarios y que estaban en esa época a nombre de Rafael Ianover, testaferro de Draiver y a nombre de la sucesión.

Dichas acciones fueron tasadas de común acuerdo y pagadas por el Estado Nacional que aprobó los convenios por Decreto Nº 2530 de fecha 30 de diciembre de 1985, firmado por el presidente Alfonsín.

"Como consecuencia de ello, en el mismo expediente se ordenó un sumario administrativo para que se deslindaran las responsabilidades de los funcionarios actuantes y se remitió copia del dictamen al Presidente de la República a fin de que se adoptasen los recaudos pertinentes para lograr la nulidad de los convenios, en lo relativo a Papel Prensa S.A.”, puntualizó Molinas hijo.