Procesan a ocho ex militares por delitos de lesa humanidad

24/08/2010
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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Entre los acusados se encuentra el teniente Olivera. Los imputados serán juzgados por los delitos de allanamientos, detenciones ilegales, interrogatorios bajo amenazas de muerte, simulacros de fusilamientos, robos y tormentos

El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dictó el procesamiento de ocho ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en San Juan, entre los que se encuentra el jefe de Inteligencia del Regimiento 22 de Infantería de Montaña de aquella época, teniente Jorge Antonio Olivera.

El procesamiento es por "allanamientos y detenciones ilegales y arbitrarias, traslado de los damnificados, interrogatorios bajo amenazas de muerte, simulacros de fusilamientos, robos y tormentos".

Entre las 32 víctimas del accionar de los grupos de tareas comandados por Olivera, están el actual gobernador José Luis Gioja, el senador nacional César Gioja, el periodista Daniel Illanes, el intendente de Rivadavia, Elías Alvarez, el juez de la Corte de Justicia Abel Soria Vega, el sindicalista del gremio de la Alimentación Enrique Faraldo, militantes de partidos de izquierda y docentes.

Los procesados son, además de Olivera, los tenientes Carlos Luis Malatto, Eduardo Daniel Cardozo, Jorge Horacio Páez, Daniel Rolando Gómez, Gustavo Ramón De Marchi, Juan Francisco Del Torchio y el suboficial Osvaldo Benito Martell, quienes fueron embargados con un millón de pesos cada uno.

La acción judicial fue celebrada por agrupaciones de derechos humanos que señalaron que "después del golpe militar al gobierno constitucional del 24 de marzo de 1976, Olivera organizó un grupo de tareas que se dedicó a detener e interrogar con amenazas de muerte y tormentos a ciudadanos", por lo que los ex militares fueron procesados por "asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados".

Todos los ex militares están detenidos actualmente en el Instituto Penal de Chimbas de San Juan, donde esperarán el juicio oral y público que definirá sus condenas, que aún no tiene fecha de realización.