Vencieron las facultades delegadas

24/08/2010
Nacionales - Congreso de la Nación
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Los legisladores coincidieron en que a partir de ahora el gobierno deberá recurrir al Congreso para sancionar las leyes, sin embargo, mientras que algunos considera que “todo lo actuado sigue vigente”, otros aseguran que hay leyes que caducan

A pocas horas del vencimiento de las facultades delegadas, legisladores oficialistas y opositores coincidieron ayer en que, de ahora en más, el Poder Ejecutivo necesitará recurrir al Congreso para sancionar iniciativas que antes hacía con las atribuciones cedidas por el Congreso.

Para la diputada Patricia Fadel (Frente para la Victoria), "todo lo actuado sigue vigente y si ocurre para adelante, cada situación que necesite el Ejecutivo tendrá que ser una ley aprobada por el Congreso".

No obstante, Fadel dijo a radio Mitre que le parece "lógico" que ante situaciones en las que se "necesite agilidad y rapidez, el Ejecutivo deba hacerlo a través de otros mecanismos", como decretos de necesidad y urgencia o la ley de emergencia económica, ya que "los tiempos legislativos no van a la par de los ejecutivos".

Desde la oposición, la diputada del PJ disidente y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, dijo que -a partir de ayer- el gobierno "cuando quiera erigirse en legislador sin serlo, deberá ir al Parlamento".

"Hay una discusión doctrinaria en torno al tema de facultades de segundo orden no obstante lo cual lo concreto es que hoy todo lo que es leyes delegantes en el Poder Ejecutivo, actividades propias que son del Legislativo, ya no tienen más delegación", dijo Camaño a Radio 10.

En el mismo sentido, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que "esas facultades desde mañana son exclusivas del Congreso, y cada vez que se necesite una decisión de ese carácter la va a tener que tomar el Parlamento".

En tanto, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo a radio La Red que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "será la primera presidenta desde 1853, y principalmente en esta era democrática, que gobernará sin ningún tipo de facultades delegadas".

"Si no hay ninguna prórroga y no parece que esto suceda, lo que va a pasar es que las facultades que le fueron delegadas al PE desde 1853 a la fecha en distintos momentos y con distintos gobiernos volverán al Congreso de la Nación", añadió.

Por último, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) dijo que "será una buena oportunidad para que el Congreso recupere sus facultades y sus atribuciones constitucionales propias, y abre un camino para ir recuperando y reconstruyendo el funcionamiento institucional".

No obstante, la diputada dijo que "no se puede voltear de un día para el otro un andamiaje normativo que, en algunos casos, se trata de normas necesarias para el funcionamiento", por lo cual su espacio propuso un paquete de 10 normas que "deberían continuar durante 1 año y trabajar durante ese tiempo para reemplazarlos".

Sobre las retenciones, Stolbizer dijo que "hay que ir estableciendo un marco de acuerdo lo más general posible", habló de la "necesidad de una segmentación" pero advirtió que hay que "ser cuidadoso en qué base se pone, porque a veces se considera la cantidad de toneladas y no la capacidad productiva del territorio".

En ese tema, Fadel dijo que el Congreso "no puede ser quien defina totalmente todas las retenciones del país", afirmó que "es una política que tiene que fijar el Ejecutivo, y si hace falta será el Congreso quien la ratifique".

Respecto al vencimiento de las facultades delegadas, el diputado Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) afirmó que las 300 leyes que habían sido delegadas en el Poder Ejecutivo "siguen vigentes" y dijo que el Poder Ejecutivo "debe poder definir" en temas como las retenciones.

"Las leyes siguen vigentes. Toda norma surgida al amparo de esta legislación se mantiene vigente. Lo que no podrá hacer el Poder Ejecutivo es modificarlas", sostuvo Macaluse en diálogo con Canal 7.

Para el diputado, en temas como los derechos de importación y exportación "el Ejecutivo debe poder definir porque es un instrumento de política económica, de manera de proteger la producción nacional y desacoplar los precios internacionales de los precios internos".

En ese marco, Macaluse indicó que "si hay buena fe y buena voluntad se puede establecer una delegación, con una base delegativa como plantea la misma Constitución, con bandas entre las cuales se puede mover el Ejecutivo para disponer sobre cerca de 20 mil posiciones arancelarias".