“Queremos evitar concentración monopólica”

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, remarcó ayer que el Gobierno defiende la competencia entre empresas del sector de telecomunicaciones y que la decisión de declarar la caducidad de la licencia de Fibertel obedece a "una violación flagrante de la ley" de parte de Cablevisión.

"Que se entienda, nosotros queremos ampliar la oferta pero que los que presten el servicio no lo hagan en forma trucha", subrayó hoy en declaraciones radiales consultado por el impacto de la caducidad de la licencia de telecomunicaciones de la ex Fibertel.

La empresa Cablevisión aseguró antes de ayer en un comunicado que la decisión del Gobierno "busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas" y que ejercerá "todas las acciones administrativas y judiciales tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos".

De Vido, por su parte, dijo que "acá (por Fibertel) hay una violación fragrante a la ley y no estamos peleando contra un grupo", tras puntualizar que "lo que sí queremos es evitar concentración monopólica en la actividad que fuera".

"Tampoco es cierto el maniqueísmo que se esparce por ahí, que dice que el que deja de tener el servicio Fibertel estará en manos de las telefónicas", agregó el funcionario.

Incluso, el ministro de Planificación enfatizó que "si en algún municipio sólo hay Fibertel, que me vengan a decir y les vamos a poner no una, sino otras dos empresas que brinden ese servicio".

En el mismo sentido el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, aseguró que en "el supuesto caso excepcional de que exista algún punto del país donde haya llegado Fibertel y no haya otro prestador, el Gobierno va a hacer todo lo que esté a su disposición para que los clientes tengan otro proveedor".

Además la CNC "va a trabajar para que no haya abusos ni excesos sobre los clientes de la ex Fibertel", de parte de los otros prestadores del servicio de internet de banda ancha, agregó Namuncurá en diálogo con Télam.

Remarcó que en el país hay 178 empresas y 155 cooperativas registradas como proveedoras de servicio de banda ancha, lo que demuestra que hay "una oferta importante extendida en el país y una oferta tecnológica".

Al respecto el analista del mercado Carlos Blanco, puso el foco sobre el plazo de 90 días dispuesto por el Gobierno para que los 1,3 millones de clientes de la ex Fibertel migren a otra compañía.

Recordó que "el año de mayor venta de accesos de banda ancha fue el 2007 cuando se registraron un millón de adiciones, ahora la misma cifra debe asimilarse en tres meses", señaló el especialista.

Desde el sector, el titular de la Federación de Cooperativas del Sur, Antonio Roncoroni, aseguró: "No podemos defender la ilegalidad", para agregar que "todos los prestadores tenemos que tener igualdad ante la ley".

A su vez, el dirigente cooperativo sostuvo que en el interior del país las "cooperativas están prestando servicio de banda ancha por debajo de los costos" de las empresas del sector.

Remarcó que dónde hay clientes de la ex Fibertel hay oferta de las cooperativas, que pueden dar un servicio de "mejor calidad y a mejor precio aún sin tener la posibilidad de subsidiar el servicio con televisión".

La gran mayoría de los empresarios de telecomunicaciones optó por analizar con "cautela" la situación, tal como sostuvo el responsable de la operación de la empresa de telecomunicaciones IPlan, Franco Cecchini.

No obstante el ejecutivo apuntó que "la cuestión del Grupo Clarín ha sido bastante desprolija y soberbia", por haber hecho la firma un "análisis equivocado" respecto a la situación de la licencia de telecomunicaciones de Fibertel.

Agregó que tras la fusión de Cablevisión y Multicanal "que permitió al grupo tener una posición monopólica"; ahora lleva "a la discusión de la mesa familiar si la empresa tiene o no que tener la licencia" de Fibertel, cuando "hay inequidades muy grandes" en el sector de telecomunicaciones.

Por su parte, Gonzalo Berra, presidente de Servicio Satelital, consideró que dada la situación actual "lo más simple es que Cablevisión pida una licencia para dar el servicio de internet o que otra empresa, incluso del mismo grupo, tome la cartera de usuarios" para evitar a los clientes tener que migrar de empresa.

También apuntó que "no hay oferta sobre la misma tecnología y cambiar la tecnología no es menor", incluso explicó que también hay que observar "la ecuación costo-beneficio" que inclinó al consumidor a elegir Fibertel y no otro proveedor.

Asimismo, el dirigente de la UCR de Capital Federal, Marcelo Montero, afirmó que "es una barbaridad que el monopolio pretenda hacer y deshacer a su antojo", en referencia a Clarín, y opinó que "las barbaridades que está haciendo el monopolio para defender sus negocios lo estamos viendo ahora con el tema Fibertel".

"Estoy convencido de que no me equivoqué cuando a viva voz apoyé la ley de Medios Audiovisuales. No solo su contenido me identifica sino ver quiénes estaban oponiéndose a la misma", informó a través de un comunicado.

Montero sostuvo que le "avergüenza cómo alguna gente de mi partido apoyó semejante barbaridad", en relación a la defensa de Fibertel por parte de algunos dirigentes opositores, y cuestionó a "una concentración mediática que siempre golpeó y machacó sobre la institucionalidad incluso de nuestros ex presidentes, como por caso Raúl Alfonsín".

Al ser consultado sobre una publicación del matutino Clarín difundiendo la dirección de mail de la esposa de De Vido, Montero sostuvo que "es un accionar de mucha bajeza. Con ese tipo de cuestiones demuestran hasta donde son capaces de llegar".

El Gobierno nacional, a través del ministro De Vido, anunció antes de ayer la caducidad de la licencia de telecomunicaciones de Fibertel, debido a que la empresa fue disuelta por Cablevisión, según consta en la Inspección General de Justicia, sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones, tal como indica la resolución 100 de la Secretaría, publicada ayer en el Boletín Oficial.

Según expresiones del ministro, Cablevisión, que no tiene licencia para dar servicios de internet de banda ancha, continuó ejerciendo las "potestades" de Fibertel (que sí tenía licencia para dar servicios de telecomunicaciones) pese a que el 15 de enero del año pasado ambas compañías firmaron la disolución de Fibertel ante la Inspección General de Justicia.

En este marco, el Gobierno formalizó la caducidad de la licencia para la prestación del servicio de Internet que brinda Cablevisión a través de Fibertel, mediante la publicación de la resolución 100 en el Boletín Oficial.

"Declárase la caducidad de la Licencia para la prestación de los servicios de Transmisión de Datos en el ámbito nacional, Telefonía Local y Telefonía Pública otorgada a la Empresa Fibertel Sociedad Anónima", sostiene la decisión de la Secretaría de Comunicaciones.

En los considerandos de la medida se señala que "de manera unilateral y encontrándose pendiente la autorización previa de la Autoridad de Aplicación, las empresas decidieron llevar adelante el proceso de reorganización societaria por el cual la empresa Fibertel Sociedad Anónima ha sido absorbida por la empresa Cablevisión Sociedad Anónima, por lo que la primera se ha disuelto sin liquidarse".

Recuerda la resolución que "el marco regulatorio de las telecomunicaciones exige de manera inexorable la previa intervención de la Autoridad de Aplicación a través de la emisión de un acto administrativo expreso que autorice cualquier modificación de las participaciones accionarias que implique la pérdida del control social".

Señala que "la solicitud y obtención de la autorización previa de la administración constituye una obligación de los Prestadores conforme lo prevé el Reglamento General de Licencias, aprobado por el Decreto 764/00".

Indica además que "la conducta de las empresas mencionadas ha violentado el régimen antes descripto al concretar el negocio jurídico de reorganización societaria eludiendo el marco regulatorio que le es aplicable a Fibertel Sociedad Anónima en su carácter de Prestador de Servicios de Telecomunicaciones".

Por lo expuesto, considera que "en ese contexto no resultan válidos los argumentos de las peticionantes en cuanto a que el proceso de reorganización societaria determinara la transferencia de pleno derecho de las Licencias y Registros de Servicios de Telecomunicaciones de acuerdo a lo previsto por el Artículo 82 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550".

Con el objeto de resguardar los intereses de usuarios y clientes de los servicios que se estuvieren prestando, el gobierno otorgó un plazo de 90 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, a los efectos que se implementen las medidas necesarias para la migración de los mismos.