PRISION PERPETUA
Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados hoy a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aigansse, en 1976 en el juicio oral y público que se llevó adelante en Tucumán por violaciones a los derechos humanos.
Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; por asociación ilícita; violación de domicilios y privación ilegítima de libertad; imposición de tormentos agravados; y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.
Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, en cambio decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario. Esta situación causó malestar entre los manifestantes de derechos humanos causando incidentes y destrozos a comercios.
El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.
Durante el desarrollo de la audiencia final del juicio los represores defendieron su proceder durante los años '70 y reiteraron que la Argentina "padecía una guerra". El primero en exponer fue Bussi, quien, dirigiéndose a los miembros del Tribunal aseguró: "Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista" y agregó que "junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético. Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo".
Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado "por parte de aquellos a los que había delatado" en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que "esa metodología era propia de los montoneros para los delatores". Bussi reconoció que el 24 de marzo de 1976, día en que fue detenido Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes "una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación".
Seguidamente, habló Menéndez, que no se detuvo en ningún detalle de la causa y que se limitó a manifestar, al igual que en el juicio de Córdoba que, desde 1960, la Argentina "padece las consecuencias de la peor de las guerras, la silenciosa, la revolucionaria, que es global, inexorable y permanente" y que "la Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas. Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos: '¿para quién ganamos la batalla?", preguntó.
El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente de quienes ejercían el poder.
A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.