Poncio Pilato

14/08/2010
Nacionales - Seguridad
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Jueces aseguraron que la falta de seguridad es de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo

La Asociación de Magistrados, que preside Ricardo Recondo aseguró que “la falta de seguridad es de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo” y que el gobierno nacional pretende deslindar su responsabilidad culpando a la justicia por esta cuestión con un “inocultable propósito mediático”.

De esta forma los magistrados respondieron a las críticas efectuadas por el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, quien cuestionó las excarcelaciones dictadas por los jueces, y de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que días atrás señaló que “si se cumplieran las leyes tal como están en el Código Penal, tendríamos una sociedad más segura".

En este sentido el comunicado dice que "la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia nacional rechaza de plano las distintas manifestaciones vertidas desde el gobierno nacional que –con inocultable propósito mediático- pretenden deslindar su propia responsabilidad, culpando al Poder Judicial por cuestiones relativas a la falta de seguridad respecto de la persona y bienes de los ciudadanos, tópico que resulta de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo”.

Además agrega que “es imperioso destacar que resulta ajeno a las facultades de los magistrados todo lo relativo a la prevención del delito, y que aquéllas se limitan a la aplicación  –para el juzgamiento de los crímenes ya cometidos- de las leyes dictadas por el Poder Legislativo en el marco reglamentado por el Ejecutivo”.

En respuesta a las criticas de la presidenta por las excarcelaciones el texto sostiene que éstas “son dispuestas o desestimadas con estricto apego a la normativa de aplicación –cuya modificación no depende de los jueces-, lo que incluye el respeto –salvo en los casos de excepción específicamente habilitados- de la constitucional presunción de inocencia, y la consideración de los informes emanados del Servicio Penitenciario Nacional, ya que cualquier apartamiento de los magistrados con relación a esos extremos los colocaría en situación de ser requerida –a su respecto- la iniciación de un proceso de remoción por mal desempeño”.