Ahora, por los Botines y los Marines
El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de un abogado, su cónyuge y un particular por presunta participación en maniobras de defraudación para el desapoderamiento de inmuebles en Mendoza pertenecientes a desaparecidos durante la última dictadura militar.
Según fuentes vinculadas al expediente indicaron que la medida recayó sobre Rubén Antonio Saravia, Lidia Marta Prados y Juan Carlos Zamora, a quienes el magistrado trabó, además, un embargo de 200.000 sobre sus respectivos bienes. Los procesados habrían intervenido en una simulación por la cual, abusando de poderes oportunamente conferidos, la sociedad anónima Cerro Largo -cuyos propietarios están desaparecidos- cedió a la firma Chacras de Coria S.A. 10 hectáreas ubicadas en esa localidad mendocina a un precio "irrisorio".
De acuerdo a constancias de la causa, por la cesión de derechos, sobre medio centenar de lotes que Cerro Largo S.A. buscaba reivindicar en un juicio contra la empresa Misa Chico S.A., se pagaron 6.000 pesos, cuando una pericia informó que el valor de las tierras era equivalente, en 1996, a 2.700.000 dólares. Además Torres sostuvo que las cesiones "que aparentan ser negociaciones normales entre representantes de distintas personas jurídicas, no son más que actos fraudulentos tendientes a perjudicar los intereses de los herederos de quienes integraban la firma Cerro Largo S.A.".
Además el magistrado recordó que Prados, vicepresidente de Chacras de Coria S.A., constituida solo dos días antes de la cesión de derecho consumado el 25 de abril de 1991, "era, al momento del hecho, la esposa del imputado Rubén Antonio Saravia". Zamora, en tanto, como presidente de Chacras de Coria S.A. fue quien "suscribió todos los actos relativos a la constitución, pago y cesión de derechos", por lo que aspectos como quienes eran los apoderados de las sociedades y el inadecuado precio pagado por las tierras no podían ser desconocidos para quienes participaron de la operación.
En el hecho hay, al menos, otros dos implicados, Patricia Angela Cimini y Juan Carlos Cerutti, pero Torres aún no los pudo indagar debido a que desconoce sus paraderos. Por eso el magistrado decidió que se publiquen edictos haciéndoles saber a Cimini y Cerutti que deberán comparecer ante el juzgado dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y, eventualmente, ordenar sus capturas.
Marines de los Mandarines
Seis marinos implicados en desapariciones durante la dictadura fueron detenidos en las últimas horas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y el interior y trasladados a Mar del Plata.
Fuentes judiciales informaron que los detenidos son Aldo Matero, ex jefe del GADA de Mar del Plata; Juan Eduardo Mosqueda, Pedro Bustamante y Ariel Silva, de Prefectura y Raúl Marini y José Lodigiana, de la Armada.
Las fuentes indicaron que los marinos están implicados en una causa por 118 desapariciones y apremios ilegales, en la que ya están imputados con prisión preventiva otros cinco oficiales. Los implicados fueron detenidos en Capital Federal, el conurbano bonaerense y otras ciudades del interior del país. Los seis fueron trasladados a Mar del Plata donde serán interrogados por la justicia.
A los 65
Un ex integrante de la Armada Argentina, de 65 años, fue detenido hoy por efectivos de la Gendarmería Nacional en la localidad de Punta Alta acusado de participar en crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Se trata del comerciante y árbitro de fútbol Angel Narciso Racedo.
Este comerciante de Punta Alta habría formado parte del Servicio de Contrainteligencia de la Armada. Al momento de la detención Racedo expresó: "en los 70 yo era árbitro de fútbol y en esa época no estaba en Mar del Plata, no tengo nada que ver.