Rechazaron el pedido de juicio político al TSJ

En este sentido los oficialistas argumentaron su rechazo en que existen otras herramientas para cuestionar la decisión que adoptó el TSJ, como por ejemplo los juecistas pudieron haber presentado un pedido de informes ya que “era la actitud prudentemente aconsejable desde el punto de vista político e institucional”, tal como afirmó el legislador de UPC Juan Brügge.

Además entendieron que el pedido de juicio político contaba con una fundamentación inconstitucional, esto es, el causal de “negligencia grave” ya que según señaló Brügge “es una causal de JURY (Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados) es decir responsabilidad política para los jueces inferiores, no para los miembros del TSJ que si está contemplado como causal el mal desempeño”.

Finalmente el legislador oficialista consideró que el control y la revisión de los actos del poder judicial deben hacerse de modo “prudente” porque si no “podría producirse una intromisión del poder legislativos en funciones propias del poder judicial”.

Por su parte el presidente del bloque de la mayoría, Daniel Passerini, justificó el sorprendente pedido de debate del proyecto "porque es un tema de suma gravedad que lesiona la institucionalidad de nuestra provincia en una acusación infundada" y como el bloque juecista no requirió el tratamiento sobre tablas, decidió hacerlo el propio oficialismo.

Además Passerini consideró que también se lesiona al mismísimo Poder Legislativo ya que como parlamentarios "tenemos instrumentos, capacidad y herramientas suficientes para solicitar información en aquellas cuestiones que generen dudas".

En tanto el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto repudiando la decisión del alto tribunal de suspender por tres días la administración de justicia “porque hace frío” cuestión que Miguel Nicolás calificó como “una burla a la dignidad de los trabajadores de la provincia de Córdoba”.

“Exigimos que los poderes del estado cumplan con el mandato constitucional evitando que se produzcan consecuencias perjudiciales en las personas o en los bienes de la provincia”, agregó.

El resto de los bloques de la oposición rechazaron el pedido de juicio político del juecismo y decidieron apoyar la iniciativa radical porque consideraron que la Legislatura “no debe guardar silencio” ante semejante hecho sucedido en el poder judicial.

Los fundamentos de la oposición fueron de los más variados, pero todos coincidieron en reclamarle al oficialismo la interpretación que realiza de la Constitución Provincial, específicamente del artículo que regula el instrumento del juicio político, y una vez más se reabrió la vieja discusión sobre el procedimiento que debe llevar la Legislatura ante situaciones como estas.

Según el artículo 114 de la Constitución Provincial, reformada en el año 2001, la Unicameral en la primera sesión ordinaria debería dividirse en dos salas que se in­te­grarían en forma pro­por­cio­nal a la re­pre­sen­ta­ción po­lí­ti­ca de sus miem­bros en aqué­lla.

La pri­me­ra tendría a su cargo la acu­sa­ción y la se­gun­da el juz­ga­mien­to. La sala acu­sa­do­ra sería pre­si­di­da por un le­gis­la­dor ele­gi­do de su seno y la juz­ga­do­ra por el Vi­ce­go­ber­na­dor.

Por su parte el oficialismo esgrimió los mismos fundamentos con los que rechazó cada pedido de juicio político desde la conformación de la Unicameral, sosteniendo que el artículo 114 se refiere a la primera sesión ordinaria posterior a la aceptación del pleno a iniciar el proceso de juzgamiento, y no del período legislativo, por lo que si la Cámara no admite la acusación no tendría sentido conformar dichas salas.

Esta zona gris en la Constitución permite que se generen las dos interpretaciones. Por un lado la oposición sostiene que el oficialismo nunca va a aprobar someter a sus funcionarios a un proceso de este tipo, a la vez que el partido gobernante nunca reconocerá impericia alguna en la gestión de sus integrantes.

El fundamento del pedido de Juicio Político

Para el FCyS la medida del TSJ es “un acto bochornoso” que evidencia la falta de idoneidad e impericia para garantizar el servicio de justicia en la provincia y aseguran que se trata de un acto de discriminación frente a otros sectores de la sociedad que deben soportar el frío en sus tareas laborales frente al privilegio de los integrantes del poder judicial de “quedarse en su casa porque hace frío".

El pedido de juicio político  está dirigido a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel, y a los  Vocales,  Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucia Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), por la decisión de suspender las actividades en las dependencias judiciales, como medida "excepcional y transitoria" amparándose en la ola polar que azotó a Córdoba.

Por esto la fuerza política de la legislatura provincial que lidera Luis Juez considera que  esta medida pone de manifiesto la falta de previsión, de inversiones, de obras de mantenimiento, de refacción e incluso si es necesario o no dotar a su sede de servicios de generación eléctrica autónomos por parte del TSJ.

“A nuestro entender la causa, del 'asueto excepcional' no son los equipos eléctricos. La causa esencial es la falta de idoneidad e impericia para gestionar y tomar decisiones, para garantizar a quienes se desempeñan bajo su órbita o a quienes concurren a las instalaciones de la Justicia Provincial,  contar con la seguridad de acceder a estándares mínimos de servicio, asegurando el cumplimiento de la función en tiempo y forma”, expresó ayer la juecista Sara Díaz de Malone.

Además el juecismo califica como “un acto bochornoso, impropio de los más Altos Magistrados de la Provincia y mejores pagos de Córdoba,  quienes parecen estar excluidos de las contingencias climáticas severas que todos los ciudadanos debemos soportar”.

Asimismo el FCyS afirmó que la medida “constituye una actitud discriminatoria, entre quienes tienen la posibilidad de 'quedarse en su casa por el frío' y  aquellos ciudadanos que deben concurrir a sus trabajos con cualquier temperatura, aún con “'a ola polar', lo que tergiversa la imagen de igualdad que debieran expresar los magistrados”.

Finalmente el bloque juecista justificó su acusación de "mal desempeño de sus funciones" en la negligencia dada por la "falta de eficacia y planificación en formular planes de obras que aseguren el funcionamiento de la caldera"; la discrecionalidad de la decisión "llevó a que los magistrados desoyeran su obligación constitucional quienes se encontraban en sus domicilios particulares y no en sus lugares de trabajo; y en la "arbitrariedad e inequidad" de la decisión que exceptuó del asueto a los secretarios, relators, empleados del área adminsitrativa que funcionan en el mismo edificio de Tribunales pero que a criterio de las autoridades no serían alcanzados por la ola polar y en consecuencia no estarían perjudicados.