Confirman a Bonadío como instructor de la causa

El juez federal Claudio Bonadío fue ratificado como magistrado instructor del sumario penal en el que dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Roberto Larosa, quien fue detenido en abril último cuando se hallaba semioculto en dependencias del Ministerio de Economía.

La resolución la dictó la Cámara Federal ante un planteo formulado por la defensa de Larosa, que pretendía que el magistrado fuera apartado de esa pesquisa.

Larosa fue procesado por presunta violación de domicilio y hurto agravado, ya que desde enero a abril de 2008 habría registrado, sin justificación y con el supuesto propósito de obtener información reservada, varios ingresos a oficinas del Ministerio de Economía de la Nación.

Los abogados Santiago Vegezzi y Federico Pinto querían que causa pasara de la justicia penal federal, ya que, al sostener que la investigación carecía de pruebas sobre el hurto, no hay "jurisdicción federal", porque no se verificó perjuicio al Estado.

La Sala I de la Cámara consideró, en cambio, que "frente a las imputaciones que se le atribuyen a Larosa, no es posible por el momento rehusar que los fines estatales se hayan visto perturbados ante los episodios cuya comisión se le adjudican".

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah agregaron que, con "los hechos determinados hasta ahora", la justicia federal "aparece habilitada".

Larosa fue sorprendido en la noche del 16 de abril último cuando se hallaba oculto debajo de un escritorio en el despacho del subsecretario de Presupuesto del Ministerio, Raúl Rigo, donde había ingresado con llaves propias, según se observa en un video obtenido por las cámaras de seguridad del Palacio de Hacienda.

Larosa se presentaba como "economista especializado en temas fiscales y presupuestarios" y en ese carácter fue contratado por el senador fueguino (ARI) José Martínez y se desempeñaba como asesor "ad honorem" del diputado Claudio Lozano.

Un operativo judicial en la vivienda del procesado permitió el secuestro de talonarios de facturas, por importes que oscilan entre 700 y 1.500 pesos, por supuestos servicios a diversas consultoras a las que habría suministrado información.