Tira para Arriba

El presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, anticipó que la intención del cuerpo es unificar los criterios para lograr un consenso entre las bancadas para la aprobación de la movilidad en los haberes previsionales, durante la discusión que se dará en el seno de esta comisión.

Además, el diputado Roig precisó que se debatirá la ley con las modificaciones propuestas lo que permitiría avanzar en un dictamen conjunto para ser tratado el miércoles o jueves en el recinto de la Cámara Baja del Congreso Nacional aunque también precisó que se le dará el tiempo necesario de debate para llegar a su aprobación.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece la posibilidad de fijar por ley un mecanismo de aumento en los haberes jubilatorios,  tomando como base los ingresos de recaudación de la Seguridad Social y la evolución del nivel general de salarios de los trabajadores en actividad. Esta decisión acompaña la decisión del gobierno nacional de aumentar los aumentos en los haberes mínimos.

En el marco de la búsqueda de acuerdos para la aprobación de la iniciativa, entre los legisladores existe unanimidad en el punto que fija que los valores de la movilidad en las jubilaciones las establezca el Congreso. A su vez, otro de los puntos críticos de la iniciativa continuaría siendo la fórmula que se aplicará para determinar el monto de movilidad aunque habría un punto de encuentro en la aplicación de una fórmula mixta, surgida de las variables de incremento salarial y de suba en la recaudación.

El diputado radical Agustín Portela, miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, afirmó que los diputados están "trabajando sobre un proyecto común, que se pueda acordar en conjunto con el oficialismo" en cuanto a la movilidad de jubilaciones. "Acá no hay interés político, sino un interés superior como es la situación de los jubilados".

Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo aspira a hacer lugar al planteo de la Suprema Corte de Justicia a través del fallo judicial conocido como caso "Badaro", un constructor naval jubilado que estuvo catorce años sin mejoras en su ingreso.