El FCyS pidió juicio político al TSJ

Para el FCyS la medida es “un acto bochornoso” que evidencia la falta de idoneidad e impericia para garantizar el servicio de justicia en la provincia y aseguran que se trata de un acto de discriminación frente a otros sectores de la sociedad que deben soportar el frío en sus tareas laborales frente al privilegio de los integrantes del poder judicial de “quedarse en su casa porque hace frio".

El pedido de juicio político  está dirigido a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel, y a los  Vocales,  Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucia Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), por la desición de suspender las actividades en las dependencias judiciales, como medida "excepcional y transitoria" amparándose en la ola polar que azotó a Córdoba.

Por esto la fuerza política de la legislatura provincial que lidera Luis Juez considera que  esta medida pone de manifiesto la falta de previsión, de inversiones, de obras de mantenimiento, de refacción e incluso si es necesario o no dotar a su sede de servicios de generación eléctrica autónomos por parte del TSJ.

“A nuestro entender la causa, del 'asueto excepcional' no son los equipos eléctricos. La causa esencial es la falta de idoneidad e impericia para gestionar y tomar decisiones, para garantizar a quienes se desempeñan bajo su órbita o a quienes concurren a las instalaciones de la Justicia Provincial,  contar con la seguridad de acceder a estándares mínimos de servicio, asegurando el cumplimiento de la función en tiempo y forma”, expresan los fundamentos del proyecto.

Además el juecismo califica como “un acto bochornoso, impropio de los más Altos Magistrados de la Provincia y mejores pagos de Córdoba,  quienes parecen estar excluidos de las contingencias climáticas severas que todos los ciudadanos debemos soportar”.

Asimismo el FCyS afirma que la medida “constituye una actitud discriminatoria, entre quienes tienen la posibilidad de 'quedarse en su casa por el frío' y  aquellos ciudadanos que deben concurrir a sus trabajos con cualquier temperatura, aún con “'a ola polar', lo que tergiversa la imagen de igualdad que debieran expresar los magistrados”.

Finalmente el bloque juecista justificó su acusación de "mal desempeño de sus funciones" en la negligencia dada por la "falta de eficacia y planificación en formular planes de obras que aseguren el funcionamiento de la caldera"; la discrecionalidad de la decisión "llevó a que los magistrados desoyeran su obligación constitucional quienes se encontraban en sus domicilios particulares y no en sus lugares de trabajo; y en la "arbitrariedad e inequidad" de la decisión que exceptuó del asueto a los secretarios, relators, empleados del área adminsitrativa que funcionan en el mismo edificio de Tribunales pero que a criterio de las autoridades no serían alcanzados por la ola polar y en consecuencia no estarían perjudicados.