Quieren controlar más a los transportistas
Quieren profundizar el control a los transportistas escolares, quienes deberían demostrar, de ser aprobada la ordenanza, la inexistencia de antecedentes penales, especialmente en delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas.
Tras los recientes hechos de violación a niños por parte de quienes estaban encargados de conducirlos y buscarlos de sus establecimientos educativos, el concejal Mario Rey de la Unión Cívica Radical presentó ante el Concejo Deliberante esta propuesta, que regirá tanto para quienes soliciten la habilitación para realizar el servicio, como para quienes conduzcan las unidades.
El proyecto de ordenanza establecería que estas personas deberían cumplir con el requisito ineludible de presentar un certificado de antecedentes, extendido por la Policía de Córdoba, y un certificado del Registro Nacional de Reincidencias y Estadísticas Criminales, “no pudiendo tener causas ni condenas pendientes” explica el edil.
Además deberán documentar un certificado expedido por el Registro Provincial de Personas condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, en donde justamente conste que no se encuentra inscripto en el mismo.
Al respecto, Rey señala que el transportista escolar desempeña una destacada función social, no sólo en el traslado sino también en la custodia de niños y adolescentes, lo que implica otorgar una confianza respecto del cuidado de los mismos.
En este sentido el concejal radical manifiesta que su propuesta forma parte de las exigencias sociales, más aún dentro de los hechos desafortunados que han sucedido en los últimos tiempos, “donde se ha constatado la lamentable existencia de abusos a la integridad sexual de niños y adolescentes por parte de quienes se desempeñaran como transportistas escolares”.
Por ello es necesaria la norma, señala el edil, para contar “con mayores y mejores herramientas legislativas para prevenir que unos pocos inescrupulosos mancillen una actividad tan noble”.
Por último, Rey recuerda que esta temática ya ha sido abordada en el orden legislativo provincial. “Es nuestro deber afrontarla en la ciudad” concluye.