La chispa adecuada
El próximo 10 de septiembre un sector del bloque Radical encabezado por los legisladores Hipólito Faustinelli y Miguel Nicolás con la complicidad del oficialismo parlamentario, intentará nuevamente luego de dos actos fallidos, imponer a Mario Decara como nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Luego de que la titular de la bancada unipersonal de Vecinalismo Independiente, Modesta Genesio de Stabio, negara su voto para llegar al dos tercios que exige nuestra Carta Magna para elegir al Defensor de los Derechos Colectivos y Difusos, existe un tiempo institucional inmejorable para que los representantes del pueblo otorguen enérgicas facultades al ombudsman provincial, que deambula entre el ostracismo y la inocuidad.
Varios bloques de la oposición incluso desde el oficialismo, procuran a través de algunas iniciativas sin tratamiento ni siquiera en comisión brindar a la figura del Defensor del Pueblo que nació tras la Reforma Constitucional de 1987, como por ejemplo la legitimación procesal activa, es decir, la posibilidad de que el Ombudsman pueda acudir ante la Justicia para la defensa de los mismos derechos colectivos y difusos.
Todo indicaría que el oficialismo tendría la voluntad política para acceder a la petición del arco opositor, de “armar” al futuro Defensor (sería el mestrista Decara), con herramientas activas como la de litigar en la Justicia, en caso de que los organismos del Estado, particularmente el provincial, no respete los derechos constitucionales de los ciudadanos.
El pasado viernes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó por unanimidad el rechazo al planteo de la Defensora del Pueblo, Jessica Valentini, para que la Nación garantice el Convenio de Armonización y Financiamiento del Sistema Provisional de la provincia de Córdoba, rubricado con la Caja de Jubilaciones, al considerar por no decir refregar, que la ombudsman cordobesa no tiene la chispa adecuada: “legitimación procesal para cuestionar la actuación del Poder Ejecutivo Nacional”.
Hoy por hoy, Valentini no sabe distinguir lo complicado de lo simple, por carecer de instrumentos legales válidos que haga de la institución de Tucumán al 25, una figura más “nociva” en el mejor sentido de la palabra.
El Defensor del Pueblo no tiene la posibilidad de interponer recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad o de promover denuncias en defensa de los derechos de los ciudadanos, es decir, desde su creación el Ombudsman se ha ganado el triste mote de “héroe del silencio”.
La Unicameral tiene un espacio histórico, no sólo en designar al nuevo Defensor del Pueblo, sino también ofrecer a esta figura constitucional de más competencia para poder cumplir mejor sus funciones.
“Queremos prestigiar la institución del Defensor del Pueblo evitando intervenciones demagógicas y oportunistas para que no sean usadas como trampolín para cargos electivos”, dijo atinadamente Genesio de Stabio en la pasada sesión antes de patear positivamente el tablero.