Potestades para existir
Momentos antes de que la Unicameral decidiera posponer la designación del “mestrista” Mario Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia en reemplazo de Jessica Valentini, debido que el voto negativo de la legisladora del bloque unipersonal de Vecinalismo Independiente, Modesta Genesio de Stabio, impedía llegar a los dos tercios de los votos necesarios para ungir al nuevo Ombudsman, hubo interesantes peticiones al referido tema.
Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria antes de la sesión ordinaria del pasado miércoles, tres bloques de la oposición (Concertación Plural, ARI-Coalición Cívica y Vecinalismo Independiente), plantearon –sin suerte- abordar sobre tablas (sin despacho de comisión), varias iniciativas que tenían como denominador común, la exigencia de mayores facultades a la figura Constitucional del Defensor del Pueblo.
El tema concluyente de las iniciativas rechazadas por el oficialismo, gira en torno a la necesidad de otorgarle al Defensor del Pueblo, la legitimación procesal, es decir, potestad de presentarse en la Justicia como querellante cuando los derechos ciudadanos estén avasallados o en el terreno de vulnerabilidad. El mencionado instrumento legal lo poseen varios ombudsman del país, como el de la Nación, a cargo del cordobés Eduardo Mondito.
El sector de la UCR, comandado por los legisladores Hipólito Faustinelli y Miguel Nicolás, y el bloque de la mayoría cerraron semanas atrás un acuerdo para elegir a Decara, pero la resistencia del mismo Comité Provincia del radicalismo, como la de un bloque unipersonal (Vecinalismo Independiente), abortó la idea.
El otorgamiento de la legitimación procesal será el principal requisito que plantearán varios bloques de la oposición para avanzar en la elección del nuevo Defensor del Pueblo, programada para la sesión especial (luego de dos postergaciones consecutivas), del próximo 10 de septiembre.
Debate
El titular del bloque de Concertación Plural, Enrique Asbert, planteó en la pasada reunión plenaria la necesidad de convocar una Audiencia Pública previo a la elección del Ombudsman: “implica la posibilidad de que sea la sociedad quien se exprese, a través de las organizaciones interesadas, respecto de las condiciones que debe reunir la o las personas propuestas”, aseguró.
Posteriormente, el presidente de la bancada de ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, puso en debate –sin suerte- la necesidad de dotar al Defensor del Pueblo de la Provincia de lo que se denomina técnicamente legitimación procesal activa. “Tenemos 
la sensación –así como gran parte de la sociedad- que se trata de una figura de gran importancia, pero que está menguada en sus competencias y capacidades”, afirmó.
Finalmente, Modesta Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente), la misma que pateó el acuerdo entre un sector de la UCR y la mayoría legislativa, reprochó al oficialismo en el momento de fundamentar su moción de reconsideración del proyecto de reforma político constitucional de su autoría en el que le dedica un capítulo especial al Defensor del Pueblo, que “ha sufrido una total y absoluta indiferencia”.