Confirman la reapertura de la causa

05/08/2010
Nacionales - Aerolíneas Argentinas
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Además, la Cámara de Casación revocó los sobreseimientos en la causa por la privatización de la empresa aérea al rechazar recursos de los imputados para llegar a la Corte Suprema

La Cámara Nacional de Casación penal dejó firme su decisión de revocar sobreseimientos y reabrir la causa por la privatización de Aerolíneas Argentinas, al rechazar recursos extraordinarios de los imputados para llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Según las resoluciones emitidas el 11 de junio pasado pero difundidas ayer, la sala III del máximo tribunal penal del país dictó esta decisión para con todos los imputados en la causa, entre ellos su ex dueño, el español Antonio Mata Ramayo y el ex presidente del Directorio en esa gestión, el abogado Horacio Fargosi.

En la causa están imputados además los ex directivos Héctor Alonso, Diego Pablo Fargosi, Luis Lúpori, Gonzalo Arias, Gerardo Ferrán, Nilo Eduardo Díaz, Carlos Mateu, Rubén Segal y Gustavo Urtubey.

Ante el revés judicial, ahora sólo tendrán como recurso ir en queja a la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar las indagatorias.

Los camaristas de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ángela Ledesma, rechazaron los recursos extraordinarios, a los que también se había opuesto el fiscal Juan Martín Romero Victorica.

De esta manera quedó firme el fallo emitido por esta misma sala en marzo pasado, cuando ordenó reabrir la causa y revocó los sobreseimientos por prescripción que había dictado la Cámara del Crimen.

En ese fallo Casación ordenó a la justicia de primera instancia seguir con la causa y continuar con las citaciones a declaración indagatoria de todos los imputados resueltas en el 2008. Todos están imputados por "defraudación contra la administración pública.

En la causa se investiga el supuesto vaciamiento de la aerolínea privatizada a través de distintos ilícitos.

Por ejemplo la presunta "afirmación falsa en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, consistente en la capitalización de 1.238 millones de pesos, supuestamente aportados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Gobierno de España (S.E.P.I.) que, en realidad, se trataba de meros asientos contables entre dicha sociedad y la firma Air Comet, responsable del gerenciamiento de Aerolíneas".

"Con su aprobación, el Estado Nacional, al no poder responder a tal capitalización, tendría menos del 2 por ciento del capital accionario exigido por ley para pedir información y efectuar denuncias ante la Sindicatura, transformándose así en un simple accionista pasivo a merced de los accionistas españoles", según consignó la denuncia.