Presentan proyecto sobre prevención de lavado de activos

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó ayer un proyecto de "prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo”, que entre sus puntos principales presenta una tipificación propia para esa figura.

Esta iniciativa se suma a otra sobre el mismo tema, pero de características totalmente distintas, que hace dos meses presentó el Poder Ejecutivo, y que fue girada a las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas.

Esas dos comisiones, presididas por los diputados de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, respectivamente, se reunirían en plenario la próximas semana, o, a más tardar, en quince días, según confiaron fuentes legislativas.

El proyecto presentado en conferencia de prensa por la jefa de la bancada, Elisa Carrió, y por el diputado Horacio Piemonte establece la "tipificación del lavado de activos proveniente de delitos” y que la misma "no sea más una figura agravada del encubrimiento”.

También incluye el autolavado, pero lo establece "de manera que no vulnere garantías constitucionales” y una "reforma integralmente del organismo central de investigación, "con otra integración, convirtiéndolo realmente en una Agencia autónoma, ya sea desde lo económico, desde lo administrativo, como desde lo político”.

El texto dice que ese organismo "dependerá del Congreso nacional” y le establece "plazos máximos de investigación”.

Por su parte, la iniciativa presentada hace dos meses por el Ministerio de Justicia, propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), incentivando la intervención del organismo en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

"Está en sintonía con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la exigencia de castigar el autolavado”, explicó Julio Alak al presentar en público el proyecto.

El proyecto oficialista propone también que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena.