El PRO defiende a los jefes de la Metropolitana

El macrismo aseguró ayer que los jefes de la Policía Metropolitana "no tienen causas judiciales pendientes” y cuentan con "la experiencia profesional necesaria” para sus cargos y negó que puedan "haber conducido maniobras ilegales” en la década del 70, tal como lo señaló en un informe la Defensoría del Pueblo acerca de los altos mandos de la reciente fuerza de seguridad porteña.

"Los oficiales de los grados superiores de conducción tienen la experiencia profesional necesaria a los grados que poseen y consecuentemente la edad acorde a esta experiencia y trayectoria”, sostiene un informe elaborado por diputados del bloque PRO de la Legislatura, encabezados por Martín Borrelli, en el marco de un proceso de revisión de legajos de los altos mandos de la Metropolitana.

Según el texto difundido por los diputados del macrismo que participaron del relevamiento, "todos los legajos están completos y cumplen con los requisitos establecidos por la ley” y agrega que "de la declaración jurada exigida a todos los oficiales, surge que ninguno tiene causas pendientes en trámite en la Justicia”.

Asimismo, sostiene que "por la necesaria experiencia requerida para los cargos en los que han sido designados, la edad de los oficiales superiores oscila entre los 45 y 55 años”.

En ese marco, admite que "esta circunstancia ha determinado que muchos -debe tenerse en cuenta que el universo de este análisis incluyó únicamente a los oficiales más antiguos y de mayor jerarquía- cumplieran servicios, en los inicios de su carrera policial, en la década del 70”.

A partir de este dato, los legisladores advierten que estudiaron "las posibles vinculaciones que estos oficiales hubieran podido tener en los hechos de la represión ilegal”.

Al respecto, indicaron que "estos oficiales transcurrieron estos años, o bien en la academia policial o bien en el primer o segundo grado de la carrera de oficial oscilando sus edades entre los 18 y 25 años para los períodos en donde se concentraron los hechos represivos, por lo que parecen no haber estado en posibilidad de haber conducido en algún sentido las maniobras ilegales”.

El informe del bloque PRO fue elaborado en el marco de las tareas que lleva adelante desde marzo pasado la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana.

Este cuerpo está integrado por la totalidad de los legisladores de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, más la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, quien ayer presentó su primer pre-informe evaluador.

Allí, mencionó que "el 83 por ciento de los cargos altos de la Policía Metropolitana provienen de la Federal” y de ese grupo "incluidos los cuatro Superintendentes, casi el 80 por ciento hizo sus primeros años en la fuerza en los años 70 y mayoritariamente en comisarías de la Ciudad”.

"Este antecedente es un dato no menor: por una parte, puede ser razonable incorporar a personal con experiencia previa tanto en seguridad como en mando, pero por otro es necesario asumir que dicha experiencia -realizada en años de dictadura y violaciones a los derechos- no se condice, en principio, con el perfil de policía que la ciudadanía, la Legislatura e incluso los funcionarios del Gobierno han diseñado”, añadió.