Diputados aprobó la reestatización

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que autoriza la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y determina que el Congreso deberá respaldar el valor del precio de las acciones de ambas firmas. El dictamen de mayoría obtuvo 167 votos, consecuencia del respaldo del Frente para la Victoria, radicales K, el bloque Solidaridad e Igualdad (ex ARI), el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, entre otros.

Para lograr consensos, el oficialismo impulsó la eliminación del artículo 2 del proyecto que proponía respaldar el acta acuerdo firmada con el grupo Marsans, se modificó el articulado que habilitaba a una nueva reprivatización y se reformó un punto referido al financiamiento de la compañía. A pesar de estos cambios, votaron en contra 79 diputados representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo, la Coalición Cívica y del peronismo disidente, entre otros.

Al defender la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Transporte de la cámara baja, Zulema Daher aseguró que el proyecto de ley de reestatización de Aerolíneas "es una política de Estado para resguardar los 9.000 puestos de trabajo y garantizar la integración regional y el turismo" y destacó que el Estado no puede estar ajeno a las responsabilidades que le caben remarcando que el transporte aéreo es un "servicio esencial".

En igual sintonía, el titular de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto, aseguró que el proyecto para reestatizar Aerolíneas Argentinas "es una herramienta para llevar adelante una política de crecimiento, integración y de atención de necesidades sociales" en el país y defendió la iniciativa  oficial durante su intervención en el debate sosteniendo que esta alternativa es efectiva teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza la actividad aerocomercial.

El diputado de Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, respaldó el proyecto, afirmando que la cámara baja tiene "la responsabilidad histórica de recuperar" la empresa aérea y aseveró: "Hoy todos somos Aerolíneas".

Desde el radicalismo, Miguel Angel Giubergia, se opuso al proyecto por estar en desacuerdo con que el Estado deba asumir la deuda generada por Marsans, defendiendo de esta forma el dictamen de minoría impulsado por esa bancada junto al PRO, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios de la oposición. Por su parte, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez reivindicó la decisión de reestatizar Aerolíneas Argentinas pero reclamó que la deuda de esa línea aérea sea asumida por el grupo empresario que la gerenció en los últimos años.

En el cierre del debate, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "nos hacemos cargo del problema" y sentenció: "queremos una aerolínea de bandera, no una política de cielo abierto", en este sentido aclaró que "no es lo mismo tener una aerolínea de bandera que opere el 75 por ciento de los destinos del país, que tener una política de cielo abierto; no queremos eso queremos una aerolínea de bandera que garantice servicio de cabotaje, porque no todos los destinos dan rentabilidad".

Detalles del Dictamen

Establece que para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial, correo y carga en el ámbito de la República Argentina, se dispone por esta ley el rescate de las    empresas Aerolíneas Argentinas y Austral por compra de sus acciones societarias. Asimismo, la iniciativa dispone que el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones de la empresa y que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las  Privatizaciones vigilará que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas pudiendo solicitar, de ser necesario, la intervención de la Auditoria General de la Nación.

Además se eliminó el artículo 6 que habilitaba al gobierno a poder incorporar capital privado y ceder acciones de las empresas y se sumó un artículo (el 9) que aclara que en ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.

Respecto de la financiación, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008. En esta línea, el proyecto sostiene que se deben realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.