Córdoba comenzó a proteger sus bosques
El proyecto aprobado es más permisivo en cuanto a las actividades que se pueden realizar en las zonas rojas y amarillas a favor de las comunidades rurales, se elimina la prohibición de aplicar plaguicidas cuando afecten sitios de interés cultural y asentamientos humanos de cualquier tipo, no se contemplan los bosques que se encuentren en médanos, humedales, áreas con pendientes superiores al cinco por ciento y zonas que conectan masas de bosques nativos, a la vez que se excluyen de la categoría I los desmontes realizados con anterioridad a la aprobación de esta ley.
Pese al empeño que puso el presidente de la CAE, Marcelo Falo quien votó en contra de la ley en particular, para que sus reuniones fueran ampliamente participativas y el estudio de la iniciativa se realice con la mayor profundidad y así lograr los consensos necesarios para aprobar la ley más adecuada, el resultado final no fue el esperado por el parlamentario.
Por una parte ocho legisladores de distintos bloques presentaron la semana pasada un proyecto trabajado durante diez meses en el seno de esta comisión en base al texto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN), al que Falo consideró “la mejor ley” pero que no pudo firmar debido a las presiones dentro de su bloque, y que ayer fue rechazado.
Este segundo proyecto fue presentado por los legisladores Roberto Birri por el Frente Cívico y Social (FCyS), Liliana Olivero de la Izquierda Socialista, Silvia Rivero de la Concertación Plural, Modesta Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente), Omar Ruiz por la Coalición Cívica, Pedro Ochoa del Frente para la Victoria, la legisladora independiente Adela Coria y Nadia Fernández del Peronismo Militante.
En aquella oportunidad algunos miembros de la CAE cuestionaron la actitud de estos ocho legisladores porque aseguraron que se trató de un “robo intelectual del trabajo ajeno” dado que ninguno de estos parlamentarios era miembro titular de la comisión.
Por otra parte UPC obtuvo los consensos necesarios con los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Acción Vecinal (MAV), Unión Vecinal Federal, Movimiento Patriótico y el Pro y presentó un proyecto con sustanciales diferencias al de los ocho legisladores que lo tildaron de “inconstitucional”, aunque el presidente de la mayoría Daniel Passerini aseguró que “conserva un altísimo porcentaje de la letra de los borradores de la Comisión de Asuntos Ecológicos”.
Además la sanción de esta ley sufrió muchas dilaciones producto de la dificultad de alcanzar los consensos que permitían llevarla al recinto, lo que obligó a la provincia a solicitar varias prórrogas ante la nación. El último plazo otorgado exigió a Córdoba contar con una ley antes de la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se realizará este 11 y 12 de agosto.
Estos acuerdos tardaron en consumarse debido a la indefinición del gobernador Juan Schiaretti que derivó en posiciones encontradas entre los legisladores oficialistas respecto a la aprobación o no de esta ley, sumado a los obstáculos provocados por las entidades agropecuarias y por los bloques de la UCR y Unión Vecinal Federal que mantenían su apoyo a los reclamos de este sector.
Finalmente al recinto llegaron ayer dos proyectos diferentes, de los cuales se aprobó el presentado por la mayoría, mientras que los bloques de la oposición titulares de la otra iniciativa lo cuestionaron duramente e incluso amenazaron con impugnarlo ante la justicia.
Al respecto la legisladora Liliana Olivero aseguró que “lo vamos a llevar a la justicia porque no coincide con la ley de presupuestos mínimos” a la vez que manifestó que “no nos vamos a bancar que en nombre del consenso nos metan una ley inconstitucional”.
Principales Diferencias
La ley que ayer quedó sancionada presenta varias diferencias con la iniciativa de los ocho legisladores de distintos bloques cuyo texto se basó en el proyecto de la COTBN trabajado durante más de 10 meses en la comisión de Asuntos Ecológicos y que su presidente, Marcelo Falo, no pudo firmar debido a las presiones dentro de su bloque.
La iniciativa de la mayoría cambia la definición de las tres categorías de conservación, roja, amarilla y verde, transformando “una ley de protección en una ley de aprovechamiento”, como dijo el legislador Omar Ruiz.
En este sentido en la zona roja se incorporan planes de aprovechamiento sustentable que son aquellas actividades productivas realizadas en el bosque nativo que aseguren la sustentabilidad integral, social, cultural y económica de sus titulares y de las comunidades rurales, no se contemplan los bosques que se encuentren en médanos, humedales, áreas con pendientes superiores al cinco por ciento y zonas que conectan masas de bosques nativos, a la vez que se excluyen de esta categoría los desmontes realizados con anterioridad a la aprobación de esta ley, cuestión que sí se expresa en la iniciativa de los ocho legisladores.
En la zona amarilla el proyecto que se rechazó ayer incluye áreas de vegetación nativa que actualmente no tienen cobertura boscosa pero tienen el potencial de recuperarla, que fue eliminado en la iniciativa de la mayoría, cuestión que fue profundamente cuestionado por los ocho bloques porque en esta ley no se fomenta la recuperación de los bosques nativos como exige la ley nacional de presupuestos mínimos.
Otra de las modificaciones que existen en el proyecto de la mayoría es en la definición de bosque nativo en la que consideran que son “ecosistemas forestales naturales” compuestos predominantemente por especies arbóreas.
También se eliminó el artículo que prohibía la aplicación de biocidas y/o plaguicidas cuando se afecten sitios de interés cultural y asentamientos humanos de cualquier tipo.
Asimismo se incluye el sistema silvopastoril que son sistemas de producción integrados, en el cual árboles y arbustos interactúan con especies forrajeas para simultáneamente mejorar la calidad del ecosistema y producir productos pecuarios y forestales.